En 1962, cuando se abrió nuestra oficina en la ciudad de México, la Fundación empezó a trabajar en la ampliación del acceso a la educación superior para las nuevas generaciones de líderes, incluyendo a personas de las comunidades indígenas. Ayudamos a establecer instituciones duraderas, las cuales contribuyeron y siguen contribuyendo al avance de diversas agendas de justicia social.

A través de los años, el desarrollo de oportunidades económicas fue una de las principales prioridades de la oficina. Proporcionamos apoyo para microfinanzas, para el desarrollo rural centrado en las comunidades, así como servicios financieros para personas de bajos ingresos. El trabajo de la Fundación ayudó a fortalecer a la sociedad civil en la región, robusteció a las organizaciones locales y dio voz a la gente en las decisiones que afectaban sus vidas, a la vez de hacer que los gobiernos rindieran cuentas.

En las últimas décadas, nuestros donativos se centraron en la migración y la exclusión social. Hemos apoyado a líderes y a organizaciones que utilizan una variedad de enfoques para abordar estas cuestiones: desde la investigación y el análisis de políticas públicas hasta la incidencia y el litigio; desde el piloteo de nuevos programas hasta el desarrollo de capacidades en programas existentes. El trabajo de estas organizaciones trasciende fronteras y fomenta alianzas regionales fuertes y la colaboración entre gobiernos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Esto llevó a consolidar esfuerzos sin precedentes entre los defensores de los derechos de migrantes en México y los Estados Unidos, así como múltiples iniciativas para mejorar los medios de vida en las zonas rurales e indígenas de la región.